Buenos Aires, 21 abril (NA) – La Cámara de Diputados activará este martes el tratamiento de la Ley de Hojarasca en comisión, pero no llevará el proyecto el recinto el miércoles, como había trascendido.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, La Libertad Avanza (LLA) decidió no convocar a una sesión esta semana para avanzar con la ley impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Este martes a las 15 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, donde expondrán funcionarios del Poder Ejecutivo.

Está previsto que asistan Matías Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y ex diputado nacional.

Tras la ronda de consultas, los titulares de las comisiones, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, tienen previsto pasar el dictamen a la firma. Si bien en principio trascendió que buscarían sesionar el miércoles, eso finalmente no sucederá.

El proyecto, redactado por Sturzenegger, propone la eliminación de normativas que el Ejecutivo considera anacrónicas o superadas por leyes más modernas.

DETALLES

El proyecto busca eliminar unas cien leyes consideras por el Gobierno como obsoletas o que limitan las libertades de los ciudadanos

La iniciativa quita el financiamiento del Círculo de Legisladores y de la Federación Argentina de Municipios.

Entre las que figuran normas donde no se podían realizar protestas y se imponía cárcel por defender en ámbitos internacionales los derechos humanos o tener un carnet de mochilero.

Entre las leyes que se derogan figura una ley del Gobierno de Juan Domingo Perón que "impone pena de prisión para los argentinos que defiendan, en ámbitos internacionales, los derechos humanos en el país".

También otra del Gobierno militar de Juan Carlos Onganía que "el Estado intentaba limitar la libertad de expresión al controlar la disponibilidad de papel de diario".

Otra que se anula es la ley 19.787 del gobierno militar de Alejandro Lanusse que obligaba "a la difusión de ciertos tipos de música que el Estado consideraba se debía escuchar, lo cual es un ataque directo a la libertad de expresión".

Otra norma que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que “obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos”

Otra de las que se deroga es la ley 20.959 del gobierno de Isabel Perón por el cual se otorgaba a los legisladores libre circulación y libre estacionamiento.

También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.

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