Buenos Aires, 30 julio (NA) – Santa Cruz se convirtió en la provincia patagónica con mayor proporción de deudores en situación irregular, mientras el gobierno de Claudio Vidal debió refinanciar cerca de $43.000 millones a empleados públicos que tienen comprometida más de la mitad de sus ingresos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el dato fue difundido el 28 de julio a partir de registros de mayo de la Central de Deudores del Banco Central y muestra que el 31,2 por ciento de las personas con créditos en Santa Cruz presenta atrasos.

El porcentaje supera al de todas las demás provincias patagónicas. Neuquén, la jurisdicción con el mejor indicador de la región, registra aproximadamente un 24,5 por ciento de deudores irregulares.

La diferencia entre ambas provincias se acerca a siete puntos porcentuales y expone dos realidades económicas contrapuestas dentro de una región atravesada por actividades energéticas, mineras y petroleras.

El informe del Centro de Economía Política Argentina también determinó que el 19,8 por ciento del dinero prestado a familias santacruceñas se encuentra en situación irregular.

La mora asciende al 31,8 por ciento en los créditos otorgados por billeteras virtuales y proveedores no bancarios, mientras que en las entidades bancarias se ubica en el 16,2 por ciento.

Los números no demuestran que la política provincial sea la única causa del endeudamiento. La pérdida de poder adquisitivo, las tasas de interés, la inflación y el escenario económico nacional afectan la capacidad de pago en todo el país.

Sin embargo, la administración de Vidal reconoció la gravedad del problema entre sus propios trabajadores cuando lanzó un plan especial junto con el Banco Santa Cruz.

Al finalizar la primera etapa, 3.500 empleados públicos activos y pasivos habían refinanciado deudas por aproximadamente $43.000 millones, según informó oficialmente la Provincia.

El programa estuvo destinado inicialmente a trabajadores que tenían comprometido el 75 por ciento o más de sus haberes en préstamos personales y tarjetas de crédito.

A partir de julio, el Ejecutivo redujo ese requisito al 60 por ciento y prorrogó el plan hasta el 31 de diciembre. La modificación amplió el universo de beneficiarios, pero también confirmó que el problema excedía al grupo inicial.

La situación implica que miles de agentes provinciales utilizan más de seis de cada diez pesos de sus salarios para afrontar obligaciones financieras antes de pagar alimentos, alquileres, servicios, transporte o medicamentos.

El Gobierno ofrece unificación de compromisos, cuotas de hasta 72 meses y tasas preferenciales. La refinanciación puede reducir el descuento mensual, pero no elimina la deuda ni recupera por sí misma el poder adquisitivo perdido.

Vidal deberá publicar cuántos trabajadores solicitaron incorporarse, cuántos fueron rechazados por la evaluación crediticia y cuál es la tasa efectiva aplicada en cada operación.

También corresponde informar el monto final que pagarán los beneficiarios después de los intereses, el costo asumido por la Provincia y la cantidad de personas que volvieron a registrar atrasos luego de ingresar al programa.



El plan sólo alcanza a compromisos mantenidos con el Banco Santa Cruz. El Ejecutivo debe explicar qué alternativa ofrece a quienes se endeudaron con billeteras virtuales, financieras, comercios o entidades que aplican tasas más elevadas.

Ese punto resulta especialmente relevante porque el mayor nivel de irregularidad se concentra precisamente fuera de los bancos tradicionales.

La provincia tampoco puede exhibir como un éxito que 3.500 empleados hayan refinanciado $43.000 millones sin analizar por qué llegaron a destinar semejante proporción de sus salarios al pago de créditos.

El auxilio financiero puede evitar descuentos asfixiantes, pero también prolongar obligaciones durante seis años. Sin una recomposición sostenida de los ingresos, existe el riesgo de que los trabajadores vuelvan a endeudarse para cubrir gastos cotidianos mientras todavía pagan la refinanciación anterior.

Santa Cruz posee recursos petroleros, gasíferos, mineros y pesqueros, pero encabeza la morosidad familiar de la Patagonia. Esa contradicción exige una respuesta política más amplia que un nuevo préstamo.

Vidal deberá presentar datos sobre salarios reales, costo de vida, endeudamiento por localidad y resultados efectivos del programa. Refinanciar $43.000 millones permite ganar tiempo; no explica por qué miles de trabajadores provinciales dejaron de poder vivir con la parte disponible de sus haberes.

Agencia NA