Buenos Aires, 19 agosto (NA) -- Una ampliación de denuncia penal por el manejo del fideicomiso vial SISVIAL vinculó pagos destinados a Santa Cruz con votaciones de legisladores alineados con el gobernador Claudio Vidal y pidió determinar si los desembolsos fueron retenidos o liberados para obtener apoyo político en el Congreso.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la presentación de la diputada nacional Marcela Pagano quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 y abarca 1.077 operaciones de pago, realizadas entre enero de 2024 y mayo de 2026, que fueron comparadas con el calendario de 35 votaciones legislativas.

La denuncia está dirigida a establecer la responsabilidad de los funcionarios nacionales que instruyeron o autorizaron los pagos. Vidal no fue informado como imputado y la coincidencia entre una transferencia y una sesión no acredita por sí sola un acuerdo ilícito. El foco político sobre su gestión surge porque dos de los desembolsos señalados tuvieron como destinataria a la Administración General de Vialidad Provincial y porque los votos analizados corresponden a dirigentes de su espacio.

El primer episodio santacruceño destacado ocurrió después de la votación del decreto que habilitó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La Cámara de Diputados lo aprobó el 19 de marzo de 2025. José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, acompañó al Gobierno nacional, mientras Sergio Acevedo, integrante del mismo bloque y también vinculado políticamente con Vidal, votó en contra.

Dos días más tarde, el 21 de marzo, el fideicomiso vial liberó $6.596 millones. De acuerdo con el análisis incorporado al expediente, el 99 por ciento de ese monto se concentró en beneficiarios de Santa Cruz y el pago principal, de $3.885 millones, fue transferido directamente a la vialidad provincial. Pagano denominó a esa secuencia “premio a las 48 horas”, una calificación que todavía debe ser demostrada mediante prueba contable y documental.

El segundo caso corresponde al 19 de mayo de 2026, cuando la Administración General de Vialidad Provincial recibió $2.104 millones. La presentación sostuvo que fue el único pago asignado a Santa Cruz durante los primeros cinco meses del año y lo ubicó en la víspera de debates sobre zonas frías y otras iniciativas de interés para el Poder Ejecutivo nacional. También vinculó esa fecha con un voto afirmativo de Garrido.

Los datos permiten constatar montos, destinatarios y proximidad temporal, pero no explican todavía cuándo cada certificado de obra quedó en condiciones legales de ser pagado. Esa diferencia es decisiva: un giro realizado cerca de una votación puede responder a un vencimiento administrativo normal o a una decisión discrecional. Por eso, la denuncia solicitó comparar la fecha de exigibilidad de cada certificado con el día en que se ordenó el desembolso.

La reconstrucción también obliga a precisar el comportamiento de los representantes santacruceños. En la votación general de la Ley Bases de junio de 2024, los senadores José María Carambia y Natalia Gadano votaron en contra. Luego se retiraron y quedaron ausentes durante el tratamiento en particular. Esa conducta pudo modificar mayorías en artículos específicos, pero no puede ser presentada como un voto afirmativo a la ley en general.

Pagano pidió que la Justicia requiera a Vialidad Nacional los convenios, certificados de obra y expedientes de los pagos enviados a Santa Cruz. También reclamó las actas de las sesiones examinadas y una pericia que determine si hubo obligaciones vencidas que fueron retenidas, pagos adelantados o una alteración deliberada del orden de cancelación.

La hipótesis de la legisladora incluye posibles delitos de administración fraudulenta, cohecho, dádivas, malversación de caudales y negociaciones incompatibles con la función pública. Esas figuras pertenecen a la denuncia y no equivalen a procesamientos, imputaciones confirmadas ni condenas. Al 18 de agosto no se había informado una resolución judicial que probara que Vidal instruyó votos o que recibió una contraprestación ilegal.

La administración provincial, sin embargo, queda alcanzada por una exigencia concreta de transparencia. Vialidad de Santa Cruz puede identificar las obras asociadas a los $3.885 millones y $2.104 millones, publicar los certificados, informar cuándo venció cada obligación y detallar si existieron gestiones del gobernador o de sus funcionarios ante la Nación antes de los pagos.

Los legisladores mencionados también pueden explicar si recibieron instrucciones partidarias, qué conversaciones mantuvieron con el Ejecutivo provincial y con funcionarios nacionales, y por qué el bloque votó dividido en algunos casos. La representación de una provincia admite negociaciones políticas, pero el expediente busca determinar si se utilizaron fondos con asignación específica como herramienta para condicionar esas decisiones.

Agencia NA