Buenos Aires, 9 septiembre (NA) - Nuevas quemas, tareas de desmonte y movimientos de suelo denunciados en la Isla Santiago volvieron a colocar bajo presión al intendente de Ensenada, Mario Secco, por el control de un área protegida. La organización Nuevo Ambiente informó que detectó las intervenciones durante las últimas 48 horas en un sector del monte ribereño cercano al Río de la Plata.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia ambiental describió el uso de maquinaria pesada, remoción de terreno y posibles nuevas ocupaciones a pocos metros de un puesto de Prefectura Naval. La autoría de esos trabajos no fue determinada y no existe, hasta el momento, una resolución que adjudique al Municipio la ejecución de las tareas.

La Municipalidad de Ensenada negó estar realizando las intervenciones y sostuvo que, si fueron ejecutadas por particulares, las denuncias debían dirigirse contra sus responsables. Esa respuesta separa al Ejecutivo de la autoría material, pero no elimina la discusión sobre fiscalización: la Ley provincial 12.756 asigna a Ensenada y Berisso funciones concretas para procurar la preservación del paisaje y coordinar la gestión conservacionista.

La norma declaró Paisaje Protegido de Interés Provincial al Monte Ribereño Isla Paulino–Isla Santiago. Su objetivo es conservar la integridad natural, geomorfológica, histórica y urbanística del sector. También establece que una obra pública o privada capaz de alterar esas condiciones necesita una evaluación de impacto ambiental previa a la autorización definitiva municipal.

El área está alcanzada, además, por la Ley de Bosques Nativos 14.888. No se trata, por lo tanto, de un terreno sin régimen específico ni de una discusión abstracta sobre usos posibles. Las autoridades locales cuentan con competencias legales de preservación, mientras la provincia debe colaborar cuando el asunto ingresa en su propia jurisdicción.

La alarma de septiembre se suma a antecedentes recientes sobre construcciones de viviendas y bungalows en un punto conocido como Los Ciruelos. En ese expediente, Nuevo Ambiente acudió a la justicia y obtuvo una resolución de primera instancia con restricciones sobre loteos, edificaciones, movimientos de suelo y deforestación. La propia comuna había indicado entonces, según la organización, que las construcciones cuestionadas carecían de permisos municipales.

El contraste político para Secco surge de esa secuencia: existían advertencias previas, un régimen legal especial y medidas judiciales, pero la ONG volvió a documentar señales de transformación del suelo. La denuncia no prueba una usurpación ni permite afirmar que las quemas fueron ordenadas por funcionarios. Sí expone que el conflicto reapareció en un espacio sobre el que el municipio tiene obligaciones expresas de control ambiental.

Nuevo Ambiente también señaló la ausencia de un plan de manejo integral para ordenar actividades, prevención de incendios, conservación de flora y fauna y tratamiento de líquidos cloacales. Ese planteo pertenece a la entidad y no constituye una sentencia. El hecho verificable de esta nueva alerta es la aparición de intervenciones denunciadas en una zona donde ya regían limitaciones.

Agencia NA