Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- Tras ocho horas de sesión especial, el pleno de la Cámara de Diputados trataba esta noche en el recinto la nueva ley sobre protección social de la Discapacidad, y tras intensas negociaciones habría luz verde para votar el proyecto con los votos de los bloques mayoritarios, superando la ley de emergencia que está vigente hasta fin de año.

El dictamen de mayoría, denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", que el oficialismo acordó con el bloque Argentina Federal, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.



Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.

Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.

Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027.




LOS DISCURSOS

El miembro informante del oficialismo, Gerardo Huesen, defendió la iniciativa y aseguiró que "la discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas".

"Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo", apuntó.

Según dijo, "la discusión debería centrarse en cómo construir un sistema transparente y accesible, con controles y con los derechos garantizados para quienes corresponda".

"Ha llegado el momento de dejar de administrar esa deuda con las personas con discapacidad y empezar a construir soluciones permanentes. Estamos trabajando para dejar un sistema más ordenado, con reglas claras y mayor previsibilidad para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores", señaló.

El tucumano libertario expresó que "lo que debería preguntarse la política es si podemos seguir legislando emergencias una tras otra, en lugar de pensar políticas permanentes".

"Las personas con discapacidad no pueden vivir en emergencias permanentes ni depender de prórrogas o de decisiones políticas cada vez que quieran ejercer sus derechos", insistió.

Y agregó que "este dictamen de mayoría supera esa lógica" ya que "la propuesta es transformar los mecanismos de la ley de emergencia en respuestas permanentes".

Puso como ejemplos el financiamiento específico, la continuidad de las prestaciones, la actualización del nomenclador por el IPC y la compatibilidad de las pensiones con el trabajo formal y las compensaciones a los prestadores por los atrasos en los pagos.

"Son herramientas concretas que generan previsibilidad, garantizan derechos y brindan tranquilidad a las personas con discapacidad y a sus familias. Esto también es libertad. No se trata de dejar a una persona sola frente a sus dificultades, sino de brindarle herramientas", cerró.

A su turno, Juan Marino confirmó que Unión por la Patria aceptaba adherir al proyecto que el oficialismo había cerrado con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, ya que no estaban los votos para pelear por la prórroga de la emergencia y mal que mal, el dictamen de mayoría daba respuesta a la gran mayoría de las demandas de las organizaciones de y para personas con discapacidad.

"Hoy nos levantamos y empezamos a conversar entre diputados y diputadas. Vimos que no íbamos a tener los votos necesarios para prorrogar la ley de emergencia. Empezamos a dialogar con las organizaciones para determinar nuestra conducta. Sobre la base de esas conversaciones, nos plantearon que fuéramos a discutir para que el dictamen que sí se pudiera aprobar contemplara mejoras y no regresiones", relató el diputado opositor acerca del giro brusco en la postura de Unión por la Patria.

Una de las mejoras incorporadas al proyecto que Marino puso en valor es el plazo de 160 días para que aquellas personas con pensiones por discapacidad que en una auditoría sean observadas por inconsistencias en alguno de los requisitos puedan realizar su descargo antes de que se les suspenda el beneficio.

Durante su exposición, el legislador de UxP ponderó la lucha del colectivo de discapacidad que "logró, en su momento, la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad" y luego voltear el veto, además de "obtener fallos judiciales que obligaron al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir la ley".

"Al día de hoy, las organizaciones siguen luchando para que Milei cumpla la ley", e identificó el incumplimiento de la ley como la causa principal de la "situación crítica" del sector.

También recordó que en el proyecto de Presupuesto 2027 original, los ministros Diego Santilli y Luis Caputo planteaban "eliminar el nomenclador y la cobertura de salud", lo que representaba "un ataque en toda la línea a los derechos de las personas con discapacidad".

"Acá hay un problema de fondo: ninguna ley va a superar la situación de emergencia. Para que se supere, Milei tiene que cumplir la ley, porque lo que ratificamos en esta norma ya está contemplado en la Ley de Emergencia", enfatizó.

Precisó que "hay 324.303 personas que esperan que el Poder Ejecutivo resuelva su pedido de pensión y no tienen respuesta" y que "solo a 8.000 les dieron el alta".

"Tienen que cumplir la ley para que se supere la emergencia. También se tiene que actualizar el nomenclador de las prestaciones. El presupuesto incluye un recorte del 13,9 % para Incluir Salud. Eso no puede ser así. Los centros de día están cerrando porque no están haciendo los estudios de costos que establece la Ley de Emergencia", advirtió Marino.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) destacó que se logró que en el dictamen de mayoría se garantice la cobertura médica del Incluir Salud no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral.

Otro cambio que marcó como positivo fue la compatibilidad entre la titularidad de pensiones por discapacidad y el goce de determinadas asignaciones sociales.

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Agencia NA